El Grupo Municipal del Partido Popular ha registrado un escrito ante la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Dos Hermanas alertando sobre serias irregularidades en el procedimiento de licitación del servicio de vigilancia y seguridad privada para instalaciones y actividades municipales.
La concejal del Partido Popular, Carmen Espada, ha advertido que una de las empresas participantes, podría ser adjudicataria del contrato pese a incumplir requisitos esenciales recogidos: tanto en el pliego de condiciones como en la legislación vigente en materia de contratación pública.
Entre las deficiencias detectadas se encuentra la ausencia de sede o delegación operativa en la provincia, algo expresamente exigido para garantizar el correcto desarrollo del servicio y la capacidad de respuesta inmediata ante cualquier incidencia. También se ha constatado que esta empresa mantiene una deuda con la Agencia Tributaria superior al millón trescientos mil euros, situación que compromete su capacidad legal para contratar con la Administración y que, de no haberse regularizado, supondría una causa de exclusión automática.
Además, el Grupo Municipal ha tenido conocimiento de múltiples reclamaciones laborales presentadas por empleados de la propia empresa ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, denunciando impagos de salarios, horas extra y vacaciones. Esto refleja una posible situación de insolvencia organizativa que podría afectar gravemente a la prestación del servicio.
Otro aspecto preocupante es la omisión, por parte de la empresa, de documentación obligatoria en su oferta, como la autorización de frecuencia del Ministerio de Comunicaciones. Este tipo de incumplimientos no es subsanable según la normativa y la doctrina de los órganos de contratación, ya que afecta directamente a la validez de la propuesta y vulnera el principio de igualdad de trato entre licitadores.
El Partido Popular de Dos Hermanas exige al gobierno municipal transparencia y rigor en este proceso, y solicita que se actúe con responsabilidad para evitar repetir errores del pasado, como ocurrió con la empresa GOMSEGUR S.L., cuya adjudicación terminó en un concurso de acreedores pese a las advertencias previas realizadas por este grupo.
La concejal popular ha subrayado que “la seguridad de nuestros edificios públicos y de los vecinos no puede quedar en manos de una empresa que no reúne las condiciones mínimas legales ni técnicas. Es deber del Ayuntamiento velar por el cumplimiento de la ley y garantizar que los servicios públicos se prestan con solvencia, responsabilidad y transparencia”.
