La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dos Hermanas ha firmado una resolución en la que declara secretas las diligencias previas contra Francisco Salazar, el asesor de Moncloa que iba a ser incluido en la Ejecutiva Federal del PSOE hasta que fue señalado por supuesto acoso. Así como contra el exalcalde socialista de la localidad Francisco Toscano, que gobernó ininterrumpidamente la citada localidad de 1983 a 2022. Todo ello por el sueldo municipal que recibió el primero durante cinco años, de 2012 a 2017.
Vox sostuvo en su querella del mes de julio contra el exasesor de Pedro Sánchez que Salazar percibió un salario mensual de 2.000 euros durante esos años pese a no asistir «a su puesto de trabajo al encontrarse, supuestamente, trabajando en tales fechas en Madrid, primero en la sede del PSOE sita en la calle Ferraz y, posteriormente, en la Moncloa», si bien a Presidencia de Gobierno solo llegó tras la moción de censura de mediados de 2018.
La magistrada María del Valle encomendó a la Benemérita las pesquisas de este caso y ha requerido información al ayuntamiento. «Al no aportarse prueba alguna con el escrito de querella, y en aras a proceder a un mejor esclarecimiento de tales hechos, lo que llegado el caso permitirá un pronunciamiento más fundado sobre la viabilidad de esta causa, procede encomendar la investigación de la misma a la Guardia Civil», aseguró la instructora en su auto del 29 de julio al que tuvo acceso Europa Press.
La novedad ahora es que en un posterior escrito ha declarado secretas las pesquisas. Así lo desvela el propio Ayuntamiento de Dos Hermanas en respuesta a una solicitud de información de un particular sobre la cuantía de los emolumentos que recibió Salazar en ese período. «Por resolución de dicho Tribunal, las diligencias previas referenciadas han sido declaradas secretas. Por tanto, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal que instruye la causa, no es posible facilitar información alguna al respecto», replicó el consistorio el pasado 5 de noviembre.
La magistrada inició la causa «en aras de proceder a un mejor esclarecimiento de tales hechos, lo que permitirá un pronunciamiento más fundado sobre la viabilidad de esta causa”. Tras ello, pidió una fianza de 3.000 euros a Vox para ejercer la acción popular y dictó oficio a la Guardia Civil «para que proceda a la investigación de los hechos objetos de la presente causa, recabando del Ayuntamiento los documentos que resulten procedentes y pudiendo interrogar a los denunciados y testigos con las formalidades y garantías legales
