La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dos Hermanas ha ordenado a la Guardia Civil abrir una investigación sobre el contrato que el exdirigente socialista Francisco Salazar mantuvo con el Ayuntamiento de Dos Hermanas y la actuación del exalcalde Francisco Toscano (PSOE), tras la denuncia presentada por Vox sobre estos hechos.
En un auto con fecha del 29 de julio, al que ha tenido acceso EFE, la magistrada María del Valle Rivera ordena incoar diligencias previas y oficiar a la Guardia Civil a recabar del Ayuntamiento los documentos que resulten procedentes, «pudiendo interrogar a los denunciados y testigos».
La resolución explica que, según la denuncia presentada por Vox, entre 2012 y 2017, siendo alcalde Toscano, Salazar fue contratado percibiendo un salario mensual de 2.000 euros sin asistir a su puesto de trabajo, al encontrarse, supuestamente, trabajando en esas fechas en la sede del PSOE en Madrid o en el Palacio de la Moncloa.
«No obstante, al no aportarse prueba alguna con el escrito de querella, y en aras a proceder a un mejor esclarecimiento de tales hechos, lo que llegado el caso permitirá un pronunciamiento más fundado sobre la viabilidad de esta causa, procede encomendar la investigación de la misma a la Guardia Civil», asegura la jueza.
Vox había subrayado en su denuncia que Salazar, que dejó a principios de julio sus cargos en el PSOE federal y en Moncloa por acusaciones por parte de varias mujeres de «comportamientos inadecuados», estaba contratado como empleado público en calidad de técnico municipal desde el año 2012.
Según el portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Adrián Trashorras, dicha contratación fue realizada por el anterior alcalde, Francisco Toscano,«a sabiendas de que Salazar no iba a trabajar para el Ayuntamiento de Dos Hermanas».
Vox apuntaba en la denuncia contra ambos que en estos comportamientos se da la posible existencia de varias infracciones penales, entre ellas los delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
Además, la magistrada fija en 3.000 euros la fianza que deberá pagar Vox para el ejercicio de la acción popular que se pretende en la causa
